La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o crisis de 2001, también referida como «el Cacerolazo», «el Argentinazo», o habitualmente simplificada en Argentina como «el 2001», fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!»,^[2]​^[3]​ que causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional en pocos meses.^[4]​ Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas.^[3]​^[5]​

El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.^[6]​ Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores más perjudicados de la población, cortes de rutas y de calles en las ciudades.

La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001,^[7]​ inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.

Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes.

Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.^[8]​